Asamblea de la OEA en Panamá: Democracia, derechos humanos y desarrollo centran diálogo de la sociedad civil

La promoción del desarrollo sostenible, el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana fueron los temas abordados durante este lunes 22 de junio en el diálogo entre los jefes de delegación de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y representantes de la sociedad civil, trabajadores, sector privado y otros actores sociales, realizado en el marco de la 56.ª Asamblea General del organismo hemisférico.

Durante la jornada, los participantes intercambiaron opiniones y propuestas sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta la región, abordando temas relacionados con el crecimiento económico, la inclusión social, la gobernabilidad democrática, los derechos humanos, la seguridad y el papel de las nuevas tecnologías en la vida pública.

En el segmento dedicado al desarrollo integral, las intervenciones giraron en torno a la necesidad de fortalecer la cooperación entre los gobiernos y el sector privado para generar condiciones que impulsen la inversión, la creación de empleos de calidad y mayores oportunidades para la población.

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Asimismo, se discutió el papel de la OEA en la promoción del diálogo y la participación de los pueblos indígenas, así como la importancia de identificar experiencias exitosas en materia de desarrollo social, económico, ambiental y climático que puedan convertirse en políticas públicas o ampliarse a nivel regional.

Posteriormente, el debate se centró en los retos que enfrentan las democracias del continente.

Los participantes analizaron mecanismos para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, así como garantizar una participación más amplia e inclusiva en los procesos de toma de decisiones.

También se examinaron los obstáculos institucionales, legales y prácticos que limitan la participación efectiva de diversos sectores de la población y las posibles acciones para superarlos mediante el trabajo conjunto entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.

El bloque dedicado a los derechos humanos permitió discutir los avances alcanzados en la región, así como los desafíos persistentes para las personas y comunidades que enfrentan desigualdades estructurales.

Entre los temas abordados figuraron el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y protección, el acceso a la justicia, la respuesta del sistema interamericano frente a las vulneraciones de derechos y la necesidad de garantizar espacios seguros para la labor de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Pamela Martín García, de la Coalición de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, resaltó que las Américas y el Caribe se enfrentan a una ofensiva coordinada contra los derechos humanos y la democracia.

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“No estamos ante hechos aislados, sino ante una estrategia de regresión autoritaria, que tiene dos objetivos principales: el desmantelamiento institucional y la persecución de personas defensoras de derechos humanos”, expresó.

Durante su intervención se refirió al desmantelamiento de la arquitectura estatal de género y a la eliminación del Ministerio de la Mujer en Argentina, tendencias que se replican en Chile y Panamá.

La vulnerabilidad de los derechos de las mujeres también fue abordada por la Coalición Derechos Humanos de las Mujeres en América, en la voz de María José Corvalán Farías, quien subrayó la ineficiencia de las políticas públicas en materia de protección.

“Las mujeres enfrentamos barreras estructurales para acceder a la salud integral, obstáculos a la educación sexual, impedimentos para la atención médica oportuna, métodos anticonceptivos y servicios de aborto seguro”, enfatizó Corvalán Farías quien exigió que se amplíen los derechos y no su restricción.

En el marco del diálogo, la intervención de la Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con la Sociedad Civil puso sobre la mesa preocupaciones relacionadas con el cierre progresivo de espacios cívicos que permitan una participación libre, diversa y efectiva. Durante su exposición, Carla Angelini advirtió sobre la criminalización de la protesta social, la persistencia de distintas formas de violencia estatal, así como la persecución de defensores de derechos humanos y la creciente militarización de territorios.

En ese contexto, cuestionó si los Estados son plenamente conscientes de las leyes que se están aprobando y del impacto que estas tienen en la vida democrática y en el ejercicio de derechos fundamentales, al tiempo que rechazó cualquier intento de manipulación o deslegitimación de las luchas sociales por intereses políticos.

La agenda también incluyó reflexiones sobre la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia transnacional y las economías ilícitas, analizando estrategias que permitan enfrentar estos fenómenos sin menoscabar la protección de los derechos fundamentales.

Además, se abordaron iniciativas para combatir la discriminación y la exclusión que afectan a distintos grupos de la población, así como la identificación de buenas prácticas que puedan replicarse en los países de la región.

Otro de los temas destacados por Jaime Ibarra de la Fundación Multitudes fue el impacto de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en las sociedades americanas. Los participantes debatieron sobre las oportunidades que ofrecen las herramientas digitales para el desarrollo de las juventudes y la participación ciudadana, al tiempo que analizaron los riesgos asociados a la desinformación, la violencia digital, la discriminación en línea y la manipulación del espacio público.

Las intervenciones de representantes de las distintas coaliciones y sectores participantes formaron parte del proceso de diálogo promovido por la OEA para recoger aportes y recomendaciones que contribuyan a la formulación de respuestas regionales frente a los desafíos compartidos por los países del hemisferio.

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