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Caso SIPE: Formulan cargos a 29 personas por fraude en la CSS; 5 ya fueron condenados
A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción mantiene 11 carpetas en fase de investigación formal con 6 personas detenidas provisionalmente y otras 16 con medidas cautelares distintas a la detención, como reporte periódico.
Ciudad de Panamá/Como parte de las investigaciones que se adelantan por las alteraciones informáticas en el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE) de la Caja de Seguro Social (CSS), la Fiscalía Anticorrupción ha logrado la formulación de cargos contra 29 personas en el primer semestre de este 2025, informó el Ministerio Público.
De la lista de acusados e imputados, que incluye a funcionarios y particulares, 5 ya han sido condenados, uno de ellos es un exfuncionario.
Sin embargo, estos ciudadanos condenados no fueron enviados a prisión, sino que gozan de penas principales de trabajos comunitarios e inhabilitación para ejercer funciones públicas, así como multas que ascienden a $38,840.00, las cuales han sido destinadas al Tesoro Nacional.
Además, se informó que las investigaciones han ayudado a recuperar $819,876.23 en efectivo por parte de cinco empleadores, sumando un total de $858,719.23 recuperados para el Tesoro Nacional.
A la fecha, la Fiscalía Anticorrupción mantiene 11 carpetas en fase de investigación formal con 6 personas detenidas provisionalmente y otras 16 con medidas cautelares distintas a la detención, como reporte periódico.
El caso SIPE
Algunas de las personas implicadas en este caso fueron aprehendidas mediante la operación “Equidad” desarrollada por el Ministerio Público en colaboración con la Policía Nacional, como parte de una investigación iniciada en 2022, que descubrió que empleadores o patronos realizaban pagos a servidores públicos para que estos accedieran indebidamente a la plataforma SIPE.
Una vez dentro del sistema, los funcionarios alteraban y borraban de manera fraudulenta los salarios de los trabajadores reportados en las planillas. Esta acción ilegal permitía a los empleadores beneficiarse al disminuir el monto de la cuota obrero-patronal que debían pagar, reduciendo así su morosidad con la CSS.
A cambio de estas acciones delictivas, los exfuncionarios acordaban pagos que iban del 20% al 30% del monto adeudado.
La práctica ilegal generaba un doble perjuicio: afectaba los ingresos de la CSS y comprometía el cálculo de futuras prestaciones económicas de los asegurados.
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