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Mulino critica proceso de impugnaciones en Ley de Contrataciones Públicas : 'Es una puerta abierta al chantaje'
Según detalló, algunas de estas impugnaciones se presentan sin conocimiento real de los proyectos, lo que termina trabando procesos que podrían avanzar sin contratiempos.
Ciudad de Panamá/Durante la conferencia de prensa de este jueves 20 de noviembre, el presidente José Raúl Mulino adelantó que el Ejecutivo prepara una propuesta para modificar la Ley de Contrataciones Públicas en el próximo periodo legislativo.
Según explicó, el objetivo principal es cerrar espacios utilizados para presentar impugnaciones sin fundamento, que —a juicio del mandatario— han distorsionado los procesos de licitación en las instituciones del Estado.
"Le estamos poniendo mucho énfasis al relajo este de las impugnaciones o reclamos de mala fe. Todo el que va abajo impugna o reclama".
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El presidente indicó que el actual sistema permite que personas o empresas que ni siquiera participan en una licitación puedan presentar reclamos. Considera que esta puerta abierta ha generado prácticas que calificó como perjudiciales para el país.
Eso es una puerta abierta al chantaje”, afirmó, al señalar que existen casos donde se presentan objeciones únicamente para intentar obtener algún beneficio económico.
Mulino señaló que este fenómeno se ha convertido en una carga que retrasa la ejecución de obras y servicios públicos, afectando el ritmo de trabajo de las instituciones.
Según detalló, algunas de estas impugnaciones se presentan sin conocimiento real de los proyectos, lo que termina trabando procesos que podrían avanzar sin contratiempos.
El mandatario destacó que la reforma también buscará simplificar los procedimientos para reclamos legítimos, de forma que quienes tengan observaciones basadas en el pliego de cargos puedan presentarlas con transparencia, respaldadas por una fianza que responda en caso de mala fe. En ese punto enfatizó: “Alguien tiene que parar este relajo”.
Además, reiteró que el sistema actual no está funcionando como debería, debido a los extensos plazos generados por reclamos improcedentes. Según sus palabras, estos retrasos prolongan injustificadamente la toma de decisiones en contrataciones estatales.
Mulino insistió en que el Gobierno buscará una fórmula equilibrada que permita defender la transparencia en los procesos, sin facilitar mecanismos que puedan ser utilizados para presiones externas. “Pero como está, no funciona”, concluyó.
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