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Ciudad de Panamá/“Las malas prácticas del pasado no pueden quedar en el olvido”, así respondió la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, al ser consultada por el avance de las investigaciones contra exautoridades locales por el mal uso de fondos públicos en la denominada “descentralización paralela”.
Méndez aseguró que las irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos en gobiernos locales derivaron en cientos de denuncias, mientras la institución impulsa reformas y mecanismos de control para evitar que estas prácticas se repitan.
Desde su llegada a la entidad, Méndez explicó que se inició un proceso de revisión que dejó al descubierto serias deficiencias en la rendición de cuentas de recursos transferidos a juntas comunales y municipios, fondos que provienen principalmente del impuesto de bienes inmuebles y que están destinados a obras comunitarias.
De acuerdo con la funcionaria, tras solicitar informes sobre el uso de estos recursos, una parte significativa de las autoridades locales no pudo sustentar en qué se utilizó el dinero.
“Tenemos 338 denuncias presentadas por el 75% del monto de esos 320 millones que no se pudieron justificar”, afirmó.
La directora detalló que, en muchos casos, los expedientes carecían de información básica. Solo constaban solicitudes y comprobantes de transferencias, sin evidencia del uso final de los fondos ni descripción de proyectos ejecutados.
En total, se estima que alrededor de 230 millones de dólares presentan inconsistencias o justificaciones insuficientes, lo que motivó la remisión de los casos al Ministerio Público, entidad que adelanta las investigaciones con apoyo de auditorías de la Contraloría General de la República.
"Esto ocurrió en dos años y medio, en vísperas de campaña [electoral]. La justificación era tan vaga que no nos permitía la tranquilidad de saber cómo se usó", señaló.
Méndez fue enfática al reconocer la dificultad de recuperar estos recursos. “Si me preguntas a mí, no”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de recuperar el dinero, señalando que los fondos habrían pasado por múltiples manos.
Frente a este panorama, la AND implementó cambios estructurales en los procesos de asignación, evaluación y seguimiento de proyectos, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
Actualmente, los proyectos deben pasar por audiencias públicas comunitarias, formulación técnica detallada y validaciones internas antes de su aprobación. Además, se ha establecido un sistema digital que permite a los ciudadanos consultar en línea las transferencias y obras aprobadas en cada municipio.
También se reforzó la capacitación a autoridades locales y equipos técnicos, al tiempo que se implementa un monitoreo en campo para verificar la ejecución de las obras.
Según cifras oficiales, la AND ha aprobado más de 4,800 proyectos por cerca de 140 millones de dólares, alcanzando al 80% de los corregimientos del país.
Estas inversiones abarcan áreas como:
La funcionaria subrayó que estos proyectos buscan no solo mejorar servicios básicos, sino también impulsar el desarrollo económico local, aprovechando recursos turísticos y naturales en distintas regiones.
En paralelo, avanzan en la Asamblea Nacional propuestas de reforma a la ley de descentralización, orientadas a fortalecer la transparencia, garantizar transferencias completas de fondos y evitar asignaciones a entidades que no ejecuten o rindan cuentas.
Uno de los cambios clave establece que las instituciones o autoridades que no justifiquen el uso de los recursos no podrán seguir recibiendo financiamiento, cerrando así espacios a posibles irregularidades.
Méndez reiteró que el objetivo es consolidar un modelo en el que la ciudadanía también tenga un rol activo en la fiscalización del gasto público, marcando distancia de prácticas del pasado.
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