Bandido Honrado
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Coclé/El presidente José Raúl Mulino volvió a reaccionar este jueves al comunicado emitido por autoridades de Hong Kong, en el que se hacía referencia al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula por inconstitucinal el contrato de concesión de Panamá Ports Company (PPC), filial de la empresa japonesa CK Hutchinson, en donde se advertía sobre posibles repercusiones económicas y políticas para Panamá.
Mulino aclaró que Hong Kong es una zona administrativa especial de China y que la comunicación diplomática oficial entre Panamá y la República Popular China se canaliza exclusivamente a través de Beijing y la Cancillería panameña.
No obstante, señaló que, debido a los términos utilizados por autoridades de Hong Kong y Macao para referirse a lo ocurrido en el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento oficial, rechazando dichas declaraciones.
Expresó su expectativa de que la situación no escale a mayores, aunque dejó claro que Panamá es un país soberano que no aceptará amenazas de ningún Estado, reiterando la postura firme del Gobierno en defensa de su institucionalidad y decisiones judiciales.
Pero Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la Tierra", advirtió.
El mandatario enfatizó que, a diferencia del sistema chino, en Panamá el órgano Ejecutivo no interfiere en la justicia, subrayando la separación de poderes que rige en una institucionalidad democrática. Reiteró que la decisión de la Corte Suprema es única, definitiva y final, y que el Gobierno la acata independientemente de su contenido. Agregó que, de haber sido otro el fallo, igualmente habría sido respetado y así "a lo mejor, entonces sí, para China, hubiera sido la mejor Corte Suprema del mundo".
"A diferencia de China, el órgano ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país. Hay una gran diferencia entre una economía regida por el comité central del Partido Comunista Chino y una institucionalidad democrática que es la que rige en Panamá", apuntó.
Mulino también se refirió al proceso relacionado con los puertos operados por PPC, calificándolo como un tema trascendental y delicado para el país. "Yo no quiero agriar esta leche por dimes y diretes", metaforizó el mandatario.
Indicó que actualmente se avanza en un periodo de transición, mediante el cual la República de Panamá asumirá la regencia de los puertos, tal como fue anunciado previamente en su mensaje a la nación. Aclaró que, por el momento, las operaciones continúan con normalidad y que no ha ocurrido ni ocurrirá ninguna alteración inmediata.
En la conferencia, el mandatario también fue consultado y respondió sobre la decisión del gobierno de escoger a APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller–Maersk, para asumir el proceso de transición de la operación de ambas terminales, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa.
Mulino aseguró que el proceso de transición en los puertos de Balboa y Cristóbal responde a una estrategia planificada desde hace un año y no a decisiones improvisadas.
Mulino explicó que la elección de Maersk para asumir temporalmente la administración portuaria se basa en criterios técnicos y operativos, destacando que se trata del principal usuario del puerto de Balboa, con experiencia y capacidad a nivel mundial para enfrentar este reto durante el período de transición.
Sobre el proceso de arbitraje internacional, el mandatario reconoció que el conglomerado Hutchison, a través de PPC, tiene todo el derecho a recurrir a ese mecanismo, al igual que el Estado panameño a defenderse.
No obstante, rechazó categóricamente que el Gobierno haya hostigado o amenazado a la "empresa china hongkonesa", señalando que durante el último año se mantuvieron conversaciones respetuosas y francas dentro y fuera del país.
Aclaró que, mientras el fallo no esté debidamente ejecutoriado, PPC continúa operando ambos puertos, tal como lo establece la ley. Una vez concluido el proceso legal, se formalizará la relación con Maersk para la administración temporal.
Una vez concluida la transición, explicó que el Gobierno evaluará bajo qué esquema se administrarán los puertos, adelantando que no volverá a existir una concesión que agrupe dos puertos bajo una misma empresa, sino que se analizará su manejo de forma separada.
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