Stefany Peñalba es denunciada por abuso de autoridad tras demolición del monumento a la comunidad china
La demolición del monumento se ejecutó la noche del sábado 27 de diciembre por orden de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. La situación ha generado reacciones de diferentes sectores de la sociedad y del gobierno, quienes rechazaron de forma enérgica tales actuaciones.
Una denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y contra el patrimonio histórico de la Nación, tras la demolición del monumento en homenaje a los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá, ocurrida la noche del sábado 27 de diciembre en el mirador del puente de las Américas.
El recurso fue interpuesto por la abogada Edna Ramos Chue ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción. En el documento se sostiene que la estructura demolida tenía valor histórico, cultural y simbólico, al estar dedicada al reconocimiento del aporte de la comunidad china en Panamá.
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Según la denuncia, la demolición se habría ejecutado en horario nocturno y durante un día inhábil, sin que mediara un procedimiento administrativo claro ni notificación previa a las partes interesadas. La denuncia plantea dudas sobre el argumento de seguridad utilizado para justificar la demolición y sostiene que debieron evaluarse otras medidas previas.
El documento también señala que organizaciones vinculadas a la comunidad china, entre ellas la Sociedad Fa Yen, así como representantes de la Embajada de China en Panamá, habrían solicitado con anterioridad autorización para efectuar labores de mantenimiento en el sitio, sin obtener respuesta favorable por parte de la Alcaldía. Pese a ello, se procedió con la demolición, sin agotar instancias administrativas ni permitir mecanismos de reconsideración o apelación.
En la denuncia se advierte que el hecho trasciende el ámbito municipal, al tratarse de un símbolo cultural asociado a una comunidad históricamente vinculada a un Estado con el que Panamá mantiene relaciones diplomáticas. Bajo ese argumento, el escrito hace referencia a principios del Derecho Internacional Público relacionados con la protección del patrimonio cultural, el respeto a las minorías y los compromisos asumidos en el marco de la Unesco.
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Uno de los apartados del documento sostiene que la destrucción unilateral de un monumento con valor simbólico puede interpretarse como un acto "objetivamente lesivo", independientemente de que haya sido ejecutado por una autoridad local, al impactar la memoria histórica y la convivencia intercultural.
Tensión
La denuncia también contextualiza el hecho en el escenario internacional actual y señala que la forma y el momento de la demolición podrían generar interpretaciones negativas sobre la posición del país, sin afirmar que exista una motivación política directa, pero sí planteando la necesidad de una aclaración oficial por parte del Estado panameño.
“La gravedad del hecho se amplifica en el actual contexto de disputa geopolítica entre Estados Unidos y la República Popular de China por espacios estratégicos en América Latina, particularmente en países de alta relevancia logística y comercial como Panamá”, señala el documento.
Agregan que “no resulta jurídicamente ni políticamente irresponsable plantear la hipótesis de que esta acción:
- Haya sido tolerada, inducida o políticamente funcional al gobierno central, por acción u omisión.
- Responda a una lógica de alineamiento estratégico con los intereses de los Estados Unidos, potencia históricamente influyente en la política interna y exterior panameña”.
Entre las solicitudes presentadas al Ministerio Público se incluye la apertura de una investigación, la determinación de posibles responsabilidades individuales e institucionales y se solicita la aprehensión de la alcaldesa, su separación del cargo y la imputación de los cargos por los motivos antes expuestos.
“La conducta ejecutada por la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba constituye una conducta contra el patrimonio histórico de la Nación, en la modalidad de destrucción agravada de monumentos y bienes que forman parte de dicho patrimonio histórico y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, previsto en los artículos 232 y 355 del Código Penal”, se indica en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.
Análisis jurídico
Sobre este tema, el diputado y abogado Ernesto Cedeñobrindó un aporte jurídico sobre los procesos que se habría saltado la alcaldesa en su afán de salvaguardar la integridad de la ciudadanía bajo el alegato de las fallas estructurales.
De acuerdo con Cedeño, se violó el artículo 24 de la Ley 6 del 2002 de Transparencia en la Administración Pública, en donde se establece que: "Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos, los actos de la administración pública que puedan afectarlos intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente ley. Estos actos, son; entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas, de valotización, zonifìcación y fijación de tarifas y tasas por, servicios".
El diputado cuestionó la decisión del Ejecutivo de ordenar la reconstrucción del monumento, cuando la decisión es competencia de la administración alcaldicia.
"Conforme al artículo 232, el ejecutivo no puede dar orden de nada, porque tiene que respetar la autonomía del municipio. Por un lado, por otro lado, tú no puedes construir sin que exista un permiso de construcción, que en este caso lo debe dar la misma autoridad que demolió. Es como tú ahí ordenes que se reconstruya si no hay permiso de construcción", señaló el abogado, sugiriendo que todo se debió hacer con el debido proceso, consultando a la ciudadanía y en Estado de derecho.
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