Antai reitera al Ifarhu que información sobre uso de fondos del Estado son de 'carácter público'

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) se refirió al escándalo de los sustanciales auxilios económicos que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), otorgó y que han desatado una ola de críticas sobre la discrecionalidad con la que se manejó el tema.

En ese sentido, indicó que solicitó un informe del estatus, ejecución y cumplimiento de la Resolución No. ANTAI-AL-037-2023 de 3 de febrero de 2023, en la que reiteraron el criterio de que toda la información relativa a uso y manejo de los fondos del Estado es de carácter público.

Los montos otorgados ascienden a sumas de hasta 190,000 mil dólares, sin embargo, la lista revelada tras una investigación periodística no tiene la información completa.

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En un comunicado emitido este martes 16 de abril, la Antai recordó que, en meses pasado, y luego de una investigación, recomendó al Ifarhu “dejar sin efecto la resolución NO. 320-2021-22 del 3 de agosto de 2021 por medio de la cual dicha institución solicitaba declarar como “datos confidenciales” las resoluciones emitidas por los Comités y Actas del Consejo Nacional a igual que la información del otorgamiento de beneficios económicos que por su naturaleza son de carácter público”.

La recomendación de la Antai se da desde un punto de vista contrario a las declaraciones del contralor de la República, Gerardo Solís, quien señaló publicamente que fue él quien decidió ocultar la información de los beneficiados de los auxilios económicos, misma que la Antai sugirió al Ifarhu que debía ser de carácter público, toda vez que los fondos que fueron utilizados para tal fin, se sacaron de las arcas del Estado.

Adicional a esto, la Antai indicó que instruyó al Ifarhu a reglamentar su programa de “auxilios económicos” a través de una convocatoria pública para aspirantes, la rendición de cuentas mensual con los datos de los beneficiarios, los montos desembolsados, al igual que el listado de beneficiarios que han incumplido sus obligaciones y el detalle de las sumas recuperadas por dichos incumplimientos.

Por este caso, se presentó una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública fue presentada en contra de Solís.