Estado de urgencia en Bocas del Toro: Ernesto Cedeño considera que la medida fue razonable y necesaria

Tres días de vigencia del estado de urgencia en Bocas del Toro; la provincia sigue sumida en una compleja situación que genera un intenso debate sobre su futuro y las medidas adoptadas. Ernesto Cedeño, diputado independiente y abogado constitucionalista, analizó en TVN Noticias la crisis, calificando el decreto como razonable y necesario ante una situación que se había salido de control.

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Cedeño vaticinó que el estado de urgencia, inicialmente decretado por cinco días, podría extenderse por tres días más, sin exceder los once días para evitar la revisión automática de la Asamblea Nacional, según lo establece el artículo 55 de la Constitución. El objetivo principal de la medida, explicó, es permitir la captura de personas que han cometido infracciones para garantizar la certeza del castigo y el debido proceso, sin que ello implique la violación de derechos humanos.

Detenciones

Hasta la fecha, se reportan más de 180 detenidos. Cedeño aclaró que el Ministerio Público debe analizar cada aprehensión con elementos de convicción (videos, testigos) antes de imputar cargos, ya que no todos los aprehendidos serán necesariamente vinculados a delitos. Destacó la importancia de respetar el derecho a la defensa y la asistencia de un abogado para los detenidos.

"No creo que los 194 van a estar imputados por delitos", señaló, haciendo hincapié en el proceso que debe seguir el Sistema Penal Acusatorio.

Corte de comunicaciones

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la interrupción total de las comunicaciones en la provincia, que ha dejado a comerciantes y residentes incomunicados y sin sistemas de cobro. Cedeño, citando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2015, defendió la constitucionalidad de esta acción en el marco de un estado de urgencia.

A diferencia de casos anteriores donde la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) actuó sin decreto y fue declarada inconstitucional, el constitucionalista argumentó que, en esta ocasión, la orden de la ASEP, emitida a solicitud del Ministro de Gobierno y bajo el paraguas del estado de urgencia, "se ajusta perfectamente a la jurisprudencia y en base al artículo 55".

También se abordaron las serias acusaciones del Ministro de Seguridad, quien señaló al alcalde de Changuinola y a dos representantes de corregimiento de haber apoyado a "pandilleros" involucrados en actos vandálicos, incluido el intento de destruir la planta de Chiquita Panamá. Cedeño calificó esto como una "noticia del crimen" y urgió al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio.

Además, hizo un llamado a los partidos políticos a los que pertenecen estos funcionarios para que se pronuncien, censuren e inicien procesos administrativos internos, o de lo contrario, se podría interpretar que están patrocinando el caos.

El constitucionalista criticó la impunidad del gobierno y lo que consideró imprudencia en el manejo de la crisis, como la entrega de notificaciones de despido a trabajadores bananeros en la capital, que, a su juicio, añadió "oxígeno a las protestas" por un acto de "solidaridad", haciendo referencia a la detención de Francisco Smith, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana).

Futuro de Bocas del Toro

Para el futuro inmediato, la decisión de levantar o extender el estado de urgencia dependerá de si se logra la paz social y si los responsables de los actos vandálicos son puestos a órdenes de la autoridad competente, con una rigurosa aplicación de la justicia.

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Cedeño subrayó que, una vez restablecida la paz, deberá iniciarse un diálogo para levantar esa provincia que está en cuidados intensivos, con especial atención a la recuperación de la industria bananera. Finalizó recordando que el derecho a protestar no debe afectar sin límite los derechos de terceros.