Proponen política de reinserción escolar y alertan que por mes se producen 1,000 'ninis'
Nivia Rossana Castrellón propone una prueba censal para identificar lagunas de aprendizaje.
Actualmente, el sistema educativo panameño se encuentra en la recta final del año escolar, un periodo crítico que ha sido profundamente afectado por una serie de interrupciones, como la pandemia de COVID-19 y la huelga docente más larga en la historia del país. Nivia Rossana Castrellón, especialista en educación, señala que el año 2020 fue un "parteaguas" que generó un rezago educativo significativo, con más de 500 días de clase perdidos en un periodo de 1,140 días de formación.
El principal desafío es recuperar el tiempo y los conocimientos perdidos. Esto es especialmente complejo, ya que los propios maestros que participaron en la huelga ahora tienen la tarea de poner al día a los estudiantes. La especialista también destaca la necesidad de un diagnóstico claro para identificar las deficiencias y lagunas en el aprendizaje. Propone una prueba censal nacional que evalúe a cada escuela, enfocándose en las materias básicas como matemática, español y ciencias naturales.
Según la especialista en educación Nivia Rossana Castrellón, el país se encuentra en un momento "muy complejo" en materia educativa. La situación actual es una acumulación de irregularidades que se remontan al 2020, año en que la pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión. Se han perdido más de 500 días de clase en un período de seis años, lo que ha generado un rezago significativo. Castrellón comparó los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Pisa, revelando que los estudiantes panameños de duodécimo grado tienen un nivel de conocimientos equivalente al de un estudiante de sexto grado de los países de la OCDE.
Para ella, el mayor desafío en esta recta final es que los mismos docentes que participaron en una de las huelgas más largas de la historia educativa panameña ahora deben recuperar el tiempo perdido y poner al día a los estudiantes. Esto, sumado a las incertidumbres que los mismos maestros enfrentan, podría afectar su concentración y capacidad para lograr los resultados esperados.
En cuanto a las cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas que revelan que unos 120,000 jóvenes están fuera del sistema educativo, Castrellón calificó la situación como "inaceptable" y se mostró profundamente emocionada al hablar de ella. Recordó que, en 2020, cuando se estimó que el 25% de los estudiantes no había sido contactado, la cifra potencial de jóvenes fuera del sistema superaba los 200,000. Ahora, con el censo de 2023, la cifra oficial de 120,000 jóvenes excluidos demuestra una realidad que las autoridades han negado.
Para la especialista, estos 120,000 jóvenes son panameños que no tendrán oportunidades y a quienes el país, a pesar de ser una democracia con uno de los PIB más altos de la región, no está brindando las herramientas necesarias para la movilidad económica y social. Agregó que el mercado laboral juvenil requiere 11.6 años de escolaridad, mientras que los jóvenes panameños solo cuentan con 10.6 años, lo que se traduce en 1,000 "ninis" (jóvenes que ni estudian ni trabajan) que se producen cada mes.
Castrellón enfatizó que las cifras le pertenecen a la ciudadanía, que las financia con sus impuestos. La negación de estos datos es perjudicial porque impide tomar decisiones "articuladas" y el país termina dando "palos de ciego". Criticó que, al no utilizar la información para enfocar políticas, no se logra una buena puntería en las acciones educativas.
La especialista propuso una política de reinserción escolar basada en un diagnóstico nacional. Considera que se debe implementar una prueba "censal" para saber por escuela cuáles son las deficiencias, con un enfoque en materias básicas como matemática, español y ciencias.
Para la reinserción, sugirió usar la información del censo de 2023 y del Tribunal Electoral para identificar a los jóvenes excluidos. Subrayó que la educación no es un derecho de los padres, sino un "derecho humano habilitante" que le pertenece a cada persona. El Estado, por lo tanto, tiene la obligación de ubicar a estos jóvenes, protegerlos de riesgos sociales como el trabajo infantil o el tráfico de personas, y asegurar su derecho a la educación.
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Castrellón concluyó con un llamado a la acción inmediata. Sostuvo que se debe usar "cada segundo" que queda del año para que toda la sociedad y los órganos del Estado miren hacia las escuelas. Además, hizo un llamado para que se aproveche el próximo verano para recuperar los aprendizajes perdidos.
