Amor Amargo
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Ciudad de Panamá/El presidente de la República José Raúl Mulino volvió a elevar el tono contra el sistema de justicia penal tras referirse a dos hechos recientes que, según afirmó, exponen la fragilidad institucional frente a la violencia.
El mandatario llegó a la conferencia después de rendir honores al oficial José Isaza Melo, víctima colateral de un sicariato en Caimitillo, un acto que —expresó— provoca “dolor e impotencia” tanto a la familia como a la institución. Mulino vinculó esa indignación con el impacto social de la criminalidad.
También lamentó el caso de Naydeline, una niña de dos años asesinada y violada por su padrastro en La Chorrera. Por este caso, el hombre y su madre están bajo detención provisional.
El ciudadano está imputado por golpear brutalmente y violar a Naydeline, luego que su madre la dejara bajo el cuidado de este individuo mientras ella asistía a una entrevista de trabajo.
"También causa dolor e indignación la muerte de una niña de 2 años en Chorrera, así como también la de muchos inocentes en manos de delincuentes vinculados directa o indirectamente al narcotráfico", expresó el mandatario.
Según el mandatario, “6 de cada 10 homicidios del país tienen su causa de origen en el crimen organizado”, ya sea por narcotráfico, ajustes de cuentas o pandillerismo; el resto, aseguró, deriva de conflictos de intolerancia social, incluida la violencia intrafamiliar.
En esa línea, afirmó que las fuerzas de seguridad sostienen una estrategia de “lucha frontal” contra estas estructuras, pero sostuvo que el balance operativo pierde sentido si no existe respaldo judicial.
Señaló que este año se han realizado más de 60 mil aprehensiones, pero objetó que los presuntos responsables sean liberados sin mayores consecuencias: “De poco valen (…) si los jueces los liberan sin más ni más.”
El jefe del Ejecutivo planteó un giro en la lectura del garantismo jurídico y sostuvo que debe proteger a las víctimas y no a los responsables de delitos graves —en sus palabras— “asesinos, narcos o pandilleros.”
Aseguró que el país “necesita más dureza en la aplicación de las leyes y un mayor compromiso de la justicia con la sociedad panameña”.
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