Lesión millonaria en la DGI: Los seis aprehendidos enfrentan audiencia de garantías
Testimonios incluidos en el expediente indican que los exfuncionarios confiaban en que las operaciones no serían detectadas, ya que los pagos recibidos se manejaban a través de cuentas de terceros o familiares, para luego ser repartidos.
Ciudad de Panamá/Seis personas, entre ellas tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), una funcionaria y dos particulares, que fueron aprehendidas durante un operativo conjunto del Ministerio Público y la Policía Nacional en el día de ayer, miércoles 10 de septiembre, enfrentan una audiencia de garantías de solicitudes múltiples este jueves 11 de septiembre.
La Fiscalía Anticorrupción investiga la presunta comisión de los delitos de peculado, blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad informática y corrupción de funcionarios públicos.
Durante la audiencia, que se mantiene en desarrollo, el tribunal legalizó la aprehensión de los seis implicados. La fiscalía presentó la formulación de cargos, sustentada en informes de la DGI y de la Unidad de Análisis Financiero, que advierten de beneficios fiscales irregulares otorgados a empresas mediante la manipulación de la plataforma E-tax.
Según la investigación, los exfuncionarios ingresaban solicitudes de corrección de pagos que derivaban en la cesión de créditos fiscales a compañías que no cumplían con los requisitos. Se han identificado dos casos concretos en los que empresas recibieron créditos por unos 12.3 millones de dólares cada una.
Uno de los señalados es un exjefe de cuentas corrientes de la DGI, cuyas cuentas bancarias registraron movimientos financieros que también involucran a otros funcionarios. La fiscalía destacó que la denuncia que dio origen al caso fue presentada de forma anónima el pasado 10 de mayo de 2025.
Testimonios incluidos en el expediente indican que los exfuncionarios confiaban en que las operaciones no serían detectadas, ya que los pagos recibidos se manejaban a través de cuentas de terceros o familiares, para luego ser repartidos.
Por su parte, la defensa sostiene que los exfuncionarios eran el último eslabón en el proceso de otorgar créditos fiscales y que únicamente alimentaban la plataforma.
La fiscalía estima que el Estado dejó de percibir entre 11 y 13 millones de dólares debido a estas operaciones irregulares.
Información de Meredith Serracín
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