El vía crucis de los productores agropecuarios para legalizar sus tierras en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/“Es un trámite tedioso. Desde que uno entra a las oficinas de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) es una ´derramadera´ (sic) de dinero, sin ninguna certeza de que te puedan conceder el registro de tus derechos posesorios”.

De esa manera describe un productor santeño el vía crucis que representa para los campesinos obtener un derecho posesorio o titular una tierra en la citada entidad, proceso que es regido por el Código Agrario que data de 1962.

Afirmó que a pesar de que el artículo 114 de la Ley 37 de 1962 establece que la valorización podría estar entre 6 dólares la hectárea y la cantidad de tierra que tenga el solicitante, hoy día se quiere cobrar a precios que van más allá de los 5 mil dólares.

Hay quienes han heredado las tierras de sus abuelos y se le quiere cobrar de 5 mil hasta 7 mil dólares, “que no es lo que realmente contempla el Código Agrario”, destacó por su parte un dirigente del sector productivo que está al tanto de los tramites de sus agremiados y por lo cual pidió reserva de su nombre.

Explicó que en la Anati a los productores se les quería “enredar” con una ley de catastro y confundían totalmente el tema de la valorización catastral de las propiedades a las que ya le han sido otorgadas sus títulos, con los derechos posesorios que los agricultores piden que se les legalice.

“Son dos cosas totalmente distintas, pero por allí nos querían llevar, pues eso les permite llegar y crear valores catastrales frente a un tema que es un desorden de ordenamiento de tierras”, puntualizó.

Esto, agregó, permitía que los desarrolladores de proyectos urbanísticos, que andan buscando tierras baratas, llegaran, se pegaran a cualquier finca ganadera, productora de arroz, o de piña, por ejemplo, y luego la Anati quería valorizar la finca agropecuaria como si fuere bienes raíces.

Ningún funcionario de la Anati pudo ser ubicado para conocer mayores detalles sobre la situación de los derechos posesorios y la titulación de las tierras con vocación agropecuaria.

Sobre el tema, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Euclides Díaz, dijo que eso “no es racional”, por lo que el gremio que representa lucha por el reconocimiento de los derechos posesorios, porque los trámites para formalizar la propiedad agropecuaria continúen en 6 dólares y también porque lo agrario se separe de lo urbanístico.

Señaló que en la recién aprobada ley de la Política Agroalimentaria de Estado, que los productores llaman la ley del “pade…spués”, lograron que se incorporaran unos artículos transitorios donde los ministros de Desarrollo Agropecuario y Economía y Finanzas, Augusto Valderrama y Héctor Alexander, respectivamente, además del director de la Anati, José Montenegro, debían en un término de 90 días fijar un tope para los trámites de la titulación de las propiedades agropecuarias.

Sin embargo, el ganadero reconoció que al día de hoy “no hemos logrado nada, y eso es letra muerta de una ley”.

Cuando se discutía la ley de política agroalimentaria los ganaderos propusieron que tomando en cuenta la cantidad de tierras del solicitante que se dedique a la producción agrícola, la Comisión de Reforma Agraria fijara los precios de las tierras estatales que vendiera mediante los reglamentos de clasificación de tierras que adopte, pero que el precio de venta a título oneroso no podría ser menor de 6 dólares por hectárea ni mayor a 12 dólares por hectárea, valor que serviría de base para la expropiación por incumplimiento de la función social.

Los productores agropecuarios, añadió el secretario ejecutivo de la Anagan, “estamos preocupados porque esto cada día se agrava más y ahora ni los bancos oficiales quieren otorgar los créditos, sin presentarles un título de propiedad”.

Antes de la pandemia los derechos posesorios servían como garantía para que las entidades financieras les prestarán a los productores, siempre y cuando estos documentos estuvieran en proceso de trámite.

Recientemente, ante el Consejo Nacional de Tierras los productores expusieron la grave situación que se están viviendo con lo que llaman el “desorden territorial”, teniendo como ejemplo el área de Panamá Oeste, donde dijeron hay un desarrolla urbanístico no planificado y descontrolado.

Otra fuente agrícola recordó que muchos productores recibieron tierras con derechos posesorios que eran certificados a través de los municipios, función que ahora hace la Anati, aunque en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ubicadas en Santiago de Veraguas, reposan en un área exclusiva los archivos de todos los registros antiguos y vigentes.

La Anati, indicó, es una entidad que en la mayoría de los casos ha actuado de manera “muy, muy lenta, sin tecnología”, lo que no le permite documentar los registros ni hacer las mediciones catastrales a la velocidad que se requiere.

Esto hace que al ir los productores a solicitar los trámites para sus derechos posesorios, estos les demoran hasta décadas, especificó.