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Contraloría no refrendó contratos del Municipio de San Miguelito por 'múltiples inconsistencias'
De acuerdo con la entidad, la decisión de determinar "jurídicamente inviable" los refrendos se fundamenta en que la AAUD fue autorizada, mediante Resolución No. 01-2026 del 13 de enero de 2026.
Ciudad de Panamá/En un comunicado, la Contraloría de la República dio a conocer que no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, tras un "análisis integral técnico y jurídico" que realizó de los documentos.
El proceso de contratación que mantenía el Municipio de San Miguelito involucraba a tres empresas que entrarían en funciones el 19 de enero, con contrataciones por 3.8 millones de dólares, para operar en el distrito durante seis meses mientras avanzaba la licitación para la nueva concesión de recolección.
De acuerdo con la Contraloría, la firma de estos nuevos contratos generaría una dualidad en la prestación del servicio, ya que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) mantiene presencia operativa en los nueve corregimientos de San Miguelito desde el 1 de enero de 2026, por razones de orden sanitario, lo que hace "jurídicamente inviable" el refrendo de dichos acuerdos.
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De acuerdo con la entidad, la decisión se fundamenta en que la AAUD fue autorizada, mediante Resolución No. 01-2026 del 13 de enero de 2026, a asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el distrito, a partir del 19 de enero de 2026, conforme a lo establecido en la Ley 51 de 2010 y la Ley 276 de 2021.
En ese mismo orden de ideas, la institución brindó detalladamente los "incumplimientos técnicos y administrativos" por los que no refrendó las contrataciones:
- Falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD para la prestación del servicio.
- Ausencia del permiso sanitario de operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública, requisito establecido en el numeral 2 del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 176 de 27 de mayo de 2019, indispensable para actividades que impactan directamente la salud pública.
- Inconsistencias contractuales, como la falta de claridad en la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago, que debían ajustarse a los términos de referencia.
- Inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, los cuales no cuentan con sustento legal ni presupuestario.
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Además, en materia de fiscalización, la Contraloría aseguró que en los contratos:
- No existe partida presupuestaria debidamente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia 2026 que respalde el contrato.
- No se aportó estudio de mercado ni análisis de precios que sustente el precio de referencia del servicio.
- No se presentó un desglose técnico del costo por tonelada, debidamente firmado y sellado por el idóneo correspondiente.
Tras las acusaciones de la alcaldesa de que las decisiones del Consejo de Gabinete y el contralor tenían motivaciones políticas, la institución aseguró en el comunicado que su "actuación responde exclusivamente a la defensa del interés público, al buen uso de los recursos del Estado y al cumplimiento estricto de la ley, garantizando que ningún contrato se refrende si no cumple con los requisitos legales, técnicos y presupuestarios exigidos".
Previamente, el contralor Anel Flores había cuestionado a la alcaldesa Irma Hernández por mantener un proceso de licitación abierto y que, de forma paralela, formalizara contrataciones por 3.8 millones de dólares, las cuales, según dijo, espera que sean pagadas por el Gobierno central. Añadió que, además, se pretende que los ingresos derivados de esos contratos ingresen al Municipio de San Miguelito.
Las empresas que contrataría el municipio eran Volquetes y Transporte Corro; Roca Atlántica, S.A.; y Eco Septic Panamá Corp, quienes, según la alcaldesa, ya habían alquilado camiones, contratado personal y otra serie de inversiones relacionadas para iniciar con el procedimiento a partir de este lunes 19 de enero.
Estos servicios se prestarían por un período de seis meses, con una vigencia del 19 de enero al 17 de julio de 2026, como parte de un esquema transitorio diseñado para evitar interrupciones en la recolección de desechos sólidos ante la salida de Revisalud.
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