Contralor Anel Flores hace un balance del crecimiento, deuda, auditorías y Asamblea al cierre de 2025

Ciudad de Panamá/El contralor de la República, Anel Flores, brindó un balance de su gestión, de la situación económica que se registra en el país al cierre de este 2025 y de las decisiones que se adelantan para mejorar las finanzas públicas.

Auditorías

Sobre las auditorías, precisó que se han realizado más de 700; sin embargo, no todas terminan en el Ministerio Público, pero continuarán el proceso para sancionar a todo aquel que violentó las leyes y los fondos estatales.

“En conjunto con el Ministerio Público se van a dar esos pasos que yo creo que todo el mundo quiere ver, gente que no hizo las cosas bien, que paguen sus consecuencias por haber abusado del erario público”, puntualizó.

Al ser consultado sobre la cantidad de auditorías pendientes y la forma en que se eligen cuáles adelantar y cuáles no, Flores dijo que los casos que involucran a funcionarios de alto perfil son los que se priorizan porque es “donde están los daños mayores al país”.

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Fondos de la descentralización

Tras la consulta por la transferencia de al menos 11 millones de dólares en los últimos dos años a varios municipios, algunos de estos sectores con alta influencia de figuras del gobierno como la diputada Dana Castañeda y el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, el contralor aseguró que estos fondos se van a auditar, pero desde su punto de vista, tiene “otro motivo”.

“El fondo no lo maneja la Contraloría, yo apruebo la partida, esa es mi tarea”, explicó, al tiempo que detalló que es el municipio quien decide en qué se va a gastar el dinero, no el gobierno central.

Sobre las motivaciones de quienes alertaron sobre esta situación, indicó que se busca desviar la atención, ya que una gran cantidad de diputados no han cumplido con la rendición de cuentas.

“La mayoría son de la coalición Vamos, que no han cumplido con la rendición de cuentas; solamente 4 partidos han cumplido. El PRD no ha cumplido, el Molirena, el MOCA”, agregó.

Según el contralor, Ricardo Lombana, Betserai Richards, Alexandra Brenes, entre otros, son algunos de los políticos que están solicitando prórrogas para rendir cuentas de un año y medio de gestión.

Adelantó que, además de la auditoría por estos fondos entregados a municipios en los últimos años, habrá una auditoría de los fondos postelectorales de estas figuras y partidos políticos.

“La plata del panameño es sagrada, vamos a ver qué fue lo que hicieron”, enfatizó.

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'El país no está para eso'

Flores afirmó no estar de acuerdo con el uso de recursos en donativos, fiestas patronales y patrocinios. Al respecto, dijo que en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas se prohibió el patrocinio del desfile de las Mil Polleras.

"Nosotros, el Estado, ya no vamos a gastar un centavo más en mandar delegaciones, porque no creemos en eso, el país no está para eso", subrayó.

También criticó las solicitudes de diferentes instituciones de bonos navideños, un incentivo que data desde cuando el décimo tercer mes no era equiparado al salario de los funcionarios, una decisión que cambió desde principios de 2024 tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

"Ese décimo tercer mes hoy día es completo, entonces, la gente sigue pidiendo bono, pero entonces ya es un doble bono", dijo.

'La envidia de la región'

De acuerdo con Flores, Panamá crece a una rata de un 4.32%, lo que podría posicionar al país como el segundo con mayor crecimiento en la región, con un PIB por arriba de los 83 billones de dólares.

“Si hacemos sumas, El Salvador, Nicaragua y Honduras, y esos tres países juntos no llenan el PIB de Panamá, o sea que somos la envidia de la región”, puntualizó.

Flores afirmó que uno de los mayores gastos del país es el servicio de deuda, que se sitúa sobre los $4 mil millones, por lo que se adelantan estrategias para disminuir este “agobiante” costo.

Del caso puntual del exdiputado Héctor Brands, quien obtuvo contratos del gobierno y, es investigado por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, Flores cuestionó la figura de la Corte Suprema de Justicia, ya que la situación se dio cuando Brands era funcionario.

“Esa investigación viene desde creo que el 2020, eso le correspondía a la Corte comenzar a investigar este enriquecimiento”, apuntó.

De los “casos grandes del PRD”, en juntas comunales donde se asignaron $14 millones, son auditorías que toman mucho más tiempo, pero “pronto se verán los resultados y otras más”.

Pago de contratos y contratación de proveedores

Por otro lado, el contralor se refirió a los pagos que han realizado y aseguró que a la fecha las cuentas del gobierno están al día. Se han firmado pagos por más de $33 mil millones de dólares en obras y servicios de proveedores y procesado contratos por más de $65 billones de dólares.

Respecto a los cuestionamientos por contratos recurrentes con algunas empresas, entre estas Max Gear, Inc, vinculada al empresario Félix Falabella, Flores respondió que entiende que representa marcas de seguridad norteamericanas y desconoce cuántas empresas en Panamá manejan los mimos productos.

Afirmó que en una contratación estatal lo que se analiza desde Contraloría es que el “equipo sea correcto, que sea la calidad correcta y tenga el precio correcto. Si eso lo determina una licitación pública. Yo no entro a calificar ni personas ni empresas”.

Ante la consulta de si este tipo de negocios era considerado un tipo de monopolio, señaló que las empresas deben competir por precios y le corresponderá a la Dirección General de Contrataciones Públicas hacer el filtro, porque desde la Contraloría solo se refrenda o no.

“Hay muchos parecidos a este, que parecieran realmente monopolios, como Hombres de Blanco, Sicarella y un sinnúmero de compañías señaladas, que son las que siempre se ganan todo”, indicó.

Panama Ports

El caso sigue en manos del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, detalló el contralor.

“He dicho, no importa de dónde sea la empresa, ese contrato no le sirve a Panamá”, remarcó Flores indicando que se trata de un contrato “leonino” y “lesivo” a los intereses del país.

Asamblea

En el caso puntual de la Asamblea, organismo que ha generado un gran rechazo debido a los cientos de millones que requiere en funcionamiento y gasto por parte de los diputados, detalló que entre las principales propuestas destaca la eliminación del mecanismo conocido como “20-20”, que permite a cada diputado manejar hasta 20 mil dólares mensuales para nombramientos.

Según detalló, actualmente existen 1,011 personas nombradas bajo esta figura, lo que representa un gasto cercano a 2 millones de dólares mensuales en salarios.

El contralor también señaló que, fuera de los 20-20, la Asamblea mantiene más de 3 mil funcionarios, algunos despachos con cifras que superan los 300 colaboradores. Indicó que ya se trabaja en la reducción progresiva de este número y que se ha emitido una resolución interna que pone fin a prácticas irregulares de marcación de asistencia.

“En la Asamblea hay más de 3 mil funcionarios, hay de todo, creo que hasta astronautas hay allí, entonces, ¿por qué los nuevos diputados tienen 20-20?”, cuestionó.

“El que no marca, no cobra”, reiteró, subrayando que ya no se permitirá que funcionarios firmen planillas esporádicamente sin cumplir horarios. Esta medida fue comunicada formalmente a la presidencia de la Asamblea como parte de la responsabilidad de la Contraloría de velar por el buen uso de los recursos del Estado.

En cuanto a la planilla, recordó que el gasto mensual ronda los 7.1 millones de dólares, cifra que llegó a acercarse a los 8 millones, y que —a su juicio— debería reducirse a unos 5 millones. También cuestionó el funcionamiento de algunas oficinas de participación ciudadana en las provincias, donde, según dijo, hay decenas de nombrados y muy poco personal trabajando efectivamente.

Sobre el aumento reciente de personal, confirmó que se han registrado más de mil funcionarios nuevos, en su mayoría sin estabilidad laboral, y expresó su expectativa de que ese número comience a disminuir a partir del 1 de enero.

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