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Ciudad de Panamá, Panamá/Tras el desarrollo de una audiencia realizada este miércoles 17 de diciembre, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó las medidas cautelares personales de detención provisional impuestas por una jueza de garantías a treinta y dos ciudadanos vinculados a delitos relacionados con drogas, que presuntamente se cometieron mediante el uso de instalaciones y personal del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Se trata de los aprehendidos en las operaciones Eros y Colibrí desarrolladas en diferentes puntos del país con el objetivo de desarticular organizaciones criminales.
La decisión estuvo a cargo de los magistrados Justo Vargas, Yorleni Rodríguez y Andrés Reyes, quienes, luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía de Drogas como de los defensores técnicos, indicaron que los elementos de convicción que se mantienen dentro de la causa penal, y las medidas cautelares aplicadas, resultan necesarias, idóneas y proporcionales, en atención a la gravedad de los hechos investigados y al grado de vinculación de los imputados.
Estos individuos están imputados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, así como por tráfico internacional de drogas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Julio Campines, mientras que la defensa técnica de los imputados fue ejercida por veinte abogados particulares.
Este caso forma parte de un proceso complejo que involucra múltiples diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público desde el año 2023, en coordinación con diversos estamentos de seguridad del Estado. Se trata de una red de tráfico de drogas que operaba desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen mediante el “colillaje” de maletas.
A la fecha, ya hay al menos 21 condenados y, en total, 66 personas procesadas; entre estos, el hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice.
En una audiencia desarrollada el pasado 17 de noviembre, la fiscalía detalló el papel que habrían desempeñado los cinco últimos señalados dentro de la estructura criminal dedicada al cambio de colillas de equipaje para introducir maletas cargadas con cocaína en vuelos internacionales. La investigación describe un esquema que aprovechaba movimientos internos entre las terminales 1 y 2 del aeropuerto, así como el acceso al área verde del aeropuerto, para manipular equipajes sin levantar sospechas.
Uno de los implicados es Luis Abel De Gracia, de 26 años, quien, según la fiscalía, reconoció pertenecer al grupo criminal encargado de modificar etiquetas de maletas. Se le vincula a una maleta que contenía 20 paquetes de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con lo expuesto, trabajaba para una empresa de apoyo a aerolíneas y usaba un tractor para trasladar equipajes entre ambas terminales, trayecto donde se realizaban los cambios de maletas contaminadas.
Otro de los señalados es Cristian Caballero, también de 26 años, quien recibía y transportaba equipaje para una empresa de servicios aeroportuarios. Su caso está relacionado con una maleta que llegó a Barajas, España, con 23 paquetes de supuesta cocaína.
Entre las mujeres procesadas se encuentra Luz Marylín Velásquez, agente de seguridad privada en el aeropuerto. Su función consistía en recibir y subir las maletas para que pasaran por el escáner previo al ingreso a los aviones. La fiscalía presentó videos, llamadas telefónicas y conversaciones que ilustran la coordinación interna, los pagos y los roles de cada participante.
El último nombre mencionado por la fiscalía durante esta sesión fue Luis Ortega, señalado como presunto cabecilla de la red. En conversaciones interceptadas, Ortega habría coordinado la manipulación de maletas desde la zona de bandejas. La operación consistía en retirar la colilla original de una maleta de pasajero en tránsito y colocarla sobre una maleta introducida por el área verde, que contenía entre 20 y 23 paquetes de sustancia ilícita.
La fiscalía agregó que la investigación detectó alertas en España y Francia, y que en conversaciones entre los implicados se hablaba de abrir nuevas rutas hacia Jamaica y Canadá. Según las descripciones, los miembros de la red enganchaban carretas con maletas contaminadas ya sin colilla, para intentar que pasaran por el escáner sin llamar la atención, apoyándose en colaboradores internos.
De manera paralela, el 17 de noviembre, se llevó a cabo otra audiencia relacionada con Christopher Sedalice, hijo del magistrado Cecilio Sedalice, imputado por conspiración y tráfico internacional de drogas. Según lo expuesto, su rol habría sido recoger droga que ingresaba por las costas del país. Al momento de su aprehensión se encontraba en un hospital, dado que es una persona que se dializa. Se le otorgó arresto domiciliario con permisos tres veces por semana para asistir a sus tratamientos.
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