Traslado de reos a Coiba: Defensoría advierte que podría comprometer la condición de Patrimonio Mundial de la Unesco

Imagen del traslado de presos a la isla Coiba. / Foto: Ministerio de Seguridad Pública.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este sábado 20 de junio en el que se refirió al traslado de 29 reos de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en isla Coiba, dado a conocer por el Ministerio de Seguridad el pasado 13 de junio.

Según informó la institución, se mantiene vigilante a estos hechos, toda vez que el Parque Nacional Coiba, lugar donde se encuentra la estación aeronaval Nelson Tenas, ostenta desde el año 2005 la declaratoria de Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La decisión de trasladar a los reos a un área protegida ha sido cuestionada por diversos actores sociales y políticos.

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En ese sentido, la Defensoría recordó que la Ley 44 de 26 de julio de 2004, “Que crea el Parque Nacional Coiba y dicta otras disposiciones”, sostiene en su artículo 28 que, una vez concluyera su uso como penal, el área y las edificaciones pasarían a ser parte de los bienes de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, hoy denominada Ministerio de Ambiente, y que serían administrados por el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.

Dicho artículo también establece que, las personas privadas de libertad que permanecían en el referido penal debieron ser trasladadas a otras áreas a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, es decir, 29 de julio de 2005.

En ese orden de ideas, la Defensoría del Pueblo recalca que en el artículo 5 se prohíbe la construcción de infraestructuras de bajo impacto que no sean para el apoyo sostenible al ecoturismo o para la realización de actividades científicas sujetas a lo que disponga el Plan de Manejo.

En el comunicado, la institución que defiende los derechos humanos dejó claro que la reapertura de dicho centro penitenciario puede poner en riesgo el área protegida.

“La Dirección Nacional de Ambiente de este Instituto Nacional de Derechos Humanos comprende los esfuerzos que en materia de seguridad adelantan las autoridades competentes, no obstante, consideramos que el cierre del Centro Penitenciario de Coiba fue un compromiso simbólico internacional del Estado panameño y que su reapertura puede comprometer la condición de Patrimonio Mundial ante Unesco”, advirtió la institución dirigida por Ángela Russo.

De igual forma, resaltó la importancia de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en virtud de lo que ordena la Ley 55 de 30 de julio de 2003 “Que reorganiza el Sistema Penitenciario”, el Decreto Ejecutivo No. 393 de 25 de julio de 2005 “Que Reglamenta el Sistema Penitenciario Panameño” y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela).

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Paralelamente, la Defensoría mantiene abierta una investigación para "investigar posibles afectaciones a los derechos humanos, evaluar los casos particulares expuestos y mantener la vigilancia sobre las condiciones de detención, alimentación, acceso a insumos básicos y seguridad de las personas privadas de libertad".

El proceso obedece a la apertura de dos quejas colectivas presentadas por familiares de detenidos en el Centro Penitenciario La Joyita, quienes solicitaron a la Defensoría que velara por la seguridad y las garantías fundamentales que se les tienen que respetar a pesar de que estén en prisión.

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