Sector minero tiene créditos fiscales por 652.5 millones de dólares en trámite

Ciudad de Panamá, Panamá/Las actividades de minas y canteras acumularon créditos fiscales “en trámite” por $652.5 millones hasta el pasado 29 de agosto, según cifras de la Dirección General de Ingresos (DGI). Este es el monto global de incentivos para los más de 230 proyectos mineros que existen en el país, ya que según la DGI, no puede desglosar los incentivos ni el pago de tributos de cada empresa en cumplimiento del artículo 722 del Código Fiscal, el cual transcribieron:

“No se podrá divulgar en forma alguna la cuantía o fuentes de entradas o beneficios, ni las pérdidas, gastos o algún otro dato relativo a ello que figuren en las declaraciones del contribuyente, ni se permitirá que éstas o sus copias y los documentos que con ella se acompañen sean examinados por personas distintas al contribuyente o de su representante o apoderado”.

Sin embargo, de acuerdo a la entidad, lo que pueden brindar es información tributaria estadística general por sector económico, datos que a primera vista reflejan un bache muy profundo entre los montos efectivamente recaudados y los créditos fiscales en trámite. Dicho contraste ilustra, en cifras, que la extracción minera también está fuertemente subsidiada por el Estado, quien irónicamente también es dueño de los recursos extraídos según la Constitución panameña.

De acuerdo a información proporcionada por el director general de Ingresos, Publio De Gracia, al 31 de diciembre de 2019 el saldo de créditos fiscales ‘a favor’ para el sector de minas y canteras era de 158.7 millones de dólares. En 2020 otorgaron otros 3.2 millones en créditos, de los cuales aún quedan 1.9 millones por utilizar.

Y aunque en 2021 y 2022 la DGI no otorgó nuevos créditos fiscales a las empresas mineras, el saldo de los que están en trámite -652.5 millones de dólares- que reportó hasta agosto pasado el Departamento de Incentivos Tributarios de la entidad, suman el monto total de pagos que harían todos las mineras y canteras al Estado en trece años, tomando como referencia el año 2020, año en el que más tributaron del último lustro. Pero si promediamos los otros años, solo el crédito fiscal en trámite podría cubrir aproximadamente 20 años de ingresos.  

En 2018, los 244 actores del sector minero pagaron 22.32 millones de dólares ante la DGI, incluyendo impuestos directos, indirectos, ingresos no tributarios y otros. En 2019 el monto bajó a 19.62 millones; en 2020 subió ligeramente a 22.96 millones para dispararse en 2021 a 51.50 millones. Este aumento, de acuerdo al director de la DGI, Publio De Gracia, fue motivado “principalmente por los aportes en concepto de regalías de recursos minerales metálicos, el cual ascendió a 36.1 millones, lo cual significó 25.9 millones más que el periodo 2020”.

En cambio, en lo que va del año, hasta el 30 de septiembre, el monto pagado por el sector minero asciende a tan solo 25.15 millones de dólares.

En regalías por recursos minerales, por ejemplo, que se consideran ingresos no tributarios, el Estado recibió 7.73 millones de dólares en 2018; 6.99 millones en 2019; 2.53 millones en 2020 y 4.56 millones en 2021. En regalías por minería metálica, la DGI reportó pagos por 10.19 millones en 2020; 36.05 millones en 2021 y 14.24 millones hasta septiembre de 2022.

Algo también evidente –y hasta contradictorio a simple vista– es que el monto pagado en regalías no parece hacerle justicia al monto que declara el propio país en exportaciones de metales. Cifras del Ministerio de Comercio e Industrias dan cuenta de que en los primeros siete meses de este año el país exportó bienes por 2,121.6 millones de dólares, de los cuales 1,628.6 millones de dólares corresponden a la exportación de cobre, es decir, el 75% de todo lo que exportó Panamá entre enero y julio fue el concentrado de cobre que se extrae de las entrañas de Donoso, provincia de Colón.

Sin embargo, al ser Minera Panamá –filial de la canadiense de First Quantum y la que opera la mina de cobre en Donoso– la mayor exportadora del país actualmente, cabría preguntarse el impacto tributario que aporta al país. Una pregunta que la DGI no pudo responder citando la camisa de fuerza que le impide desglosar los pagos por contribuyente.

La empresa tampoco ha reportado el pago de impuestos en sus estados financieros de los últimos años para su proyecto Cobre Panamá, a diferencia de las otras siete minas que opera y para las cuales sí reporta cifras en ese rubro, aunque sean como créditos. Tal como informan a sus inversionistas, Cobre Panamá es su proyecto con mayores ingresos y en el cual reportan también el costo operativo más alto. En los primeros seis meses de este año, cifraron ingresos por $1,578 millones por la mina de Donoso, casi el 40% del total de sus entradas en ese periodo.    

Por otro lado, la propuesta legislativa presentada por el diputado oficialista colonense, Jairo ‘Bolota’ Salazar, confirma que el Estado panameño no ha recibido regalías de Minera Panamá desde 2017, año en que la Corte declaró inconstitucional el contrato-ley sobre el que se apalancaba la empresa. Con base en ello, el diputado, junto con otros, pide en dicho anteproyecto de Ley, el número 031, que la empresa pague retroactivamente regalías de entre 12% y 16% de las ganancias brutas “para  resarcir aunque sea económicamente, lo que se le debe al Estado panameño”.

El presidente Laurentino Cortizo no ha revelado los detalles del nuevo contrato con Minera Panamá, tampoco los intríngulis de los aportes tributarios pasados, presentes y futuros de la empresa que acumula el 75% de la exportación panameña por estos días. Lo único que ha dicho públicamente en términos financieros sobre el nuevo contrato, es que la empresa pagaría al Estado como mínimo 375 millones de dólares al año.  

Cabe recordar que el contrato original –luego declarado inconstitucional– firmado en 1997 entre el Estado y Petaquilla, y que luego terminó en manos de la canadiense First Quantum, estipulaba créditos fiscales ‘en varios ejercicios' hasta cubrir el 100% de la inversión, dándoles la gabela para acumularlos y cederlos a empresas afiliadas, contratistas y subcontratistas.

Además, en dicho contrato se ponía un tope máximo de 100,000 dólares anuales al impuesto municipal y un máximo de 20,000 al impuesto para licencias industriales y comerciales, así como la exoneración de todos los impuestos de importación y el ITBMS tanto para la empresa como para afiliadas, contratistas y subcontratistas.

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